Las autoridades fiscales de economías avanzadas y emergentes han recurrido al impuesto al patrimonio para aumentar los ingresos tributarios, sustituir otros impuestos, fomentar el uso de capital productivo y reducir la desigualdad de la riqueza. Un documento de investigación reciente publicado en la serie Borradores de Economía del Banco de la República, en cuya elaboración participaron los investigadores del Banco, Hernán Rincón y Miguel Sarmiento, evalúa y analiza los efectos financieros y reales de la reforma al impuesto al patrimonio de 2010 en Colombia.
La reforma en cuestión incorporó a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como nuevos contribuyentes al reducir el umbral de la base del impuesto de COP 3.000 millones a COP 1.000 millones. Esto resultó en un incremento del 223 % en el número de empresas contribuyentes, al pasar de 3.441 a 11.119, y en un aumento del recaudo del impuesto de 0,3 puntos del PIB. El impuesto se introdujo como respuesta al mayor gasto púbico que generó la fuerte ola invernal que afectó gravemente a varias regiones del país en ese año.
La investigación utiliza un conjunto único de información administrativa de los registros de todos los créditos a empresas con el sector financiero, emparejados con balances e informes financieros y tributarios de bancos y empresas. Para estimar el impacto del impuesto, se emplea un método econométrico que se basa en la comparación entre PYMES similares, que sólo difieren en el patrimonio líquido que condiciona su tratamiento tributario, antes y después de la introducción del nuevo impuesto. En particular, el grupo de tratamiento son las nuevas empresas contribuyentes, es decir aquellas con patrimonio líquido igual a COP 1.000 millones y hasta cierto valor por encima. Por otro lado, el grupo de control son las empresas similares que continuaron como no contribuyentes, es decir que quedaron por debajo de ese umbral o hasta cierto valor inferior. La riqueza de los datos permite comparar firmas que son, por demás, muy parecidas en todas sus características restantes y, por lo tanto, el efecto que se estima se interpreta como el efecto causal del impuesto.
El análisis revela que el impuesto causó efectos reales negativos sustanciales sobre la inversión, la acumulación de capital, la productividad y el empleo de las PYMES, entre otros. Es decir, las empresas gravadas con el impuesto redujeron su desempeño real tras la reforma, en comparación con las empresas que no lo fueron.
Adicionalmente, el análisis muestra los efectos del impuesto sobre las empresas por medio del mercado de crédito. Dado que las empresas gravadas se descapitalizan, con posterioridad a la reforma el volumen de crédito por parte de los bancos se reduce entre 2 % y 6 %, la tasa de interés aumenta entre 50 y 100 puntos básicos y el plazo de los créditos disminuye alrededor del 30 %, lo que sugiere una contracción de la oferta de crédito ante la mayor percepción de riesgo de las empresas por parte de los bancos.
A un nivel más detallado, el estudio revela que las PYMES gravadas con el nuevo impuesto y que estaban más apalancadas presentan condiciones crediticias más restrictivas que las no contribuyentes. Las empresas afectadas aumentan su dependencia del crédito comercial, como sustituto potencial del crédito bancario, pero, a su vez, reducen la oferta de este tipo de crédito en alrededor de 7,3 puntos porcentuales a sus contrapartes. La investigación también evidencia un impacto directo sobre los bancos gravados por el impuesto, y un impacto indirecto sobre sus clientes. En particular, se encuentra que los bancos altamente gravados, es decir, bancos con capital liquido en el umbral más alto establecido por la reforma y con una tasa impositiva del 4,8 % (más una sobretasa del 25 %), reducen el crédito e imponen tasas de interés más altas a las nuevas empresas contribuyentes, lo que confirma las distorsiones que genera el impuesto sobre la oferta de crédito.
Es importante recordar que el impuesto al patrimonio sobre las empresas y los individuos se aplicó en este siglo entre 2002 y 2017 y siempre con un carácter ‘temporal’. Desde 2018 se eliminó para las empresas nacionales y se reintrodujo para los individuos. La razón del cambio fue probablemente evitar efectos negativos sobre las empresas como los que se documentan en el estudio. La magnitud de los impactos estimados debe servir como referencia, en caso de que en el futuro se considere gravar de nuevo las empresas con el impuesto al patrimonio.
