Comentario del Gerente General del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2024

Tenga en cuenta

Los documentos son de carácter informativo y académicos, las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y sus contenidos no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Autor o Editor
Villar-Gómez, Leonardo
Fecha de publicación

El Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2024 asciende a COP 502,6 billones (b) , lo que representa un crecimiento anual de 18,9 %. De este monto, COP 310,3 b se asignan a funcionamiento, COP 94,5 b a servicio de la deuda y COP 97,7 b a inversión 1.

De forma simétrica, el proyecto afora ingresos por COP 502,6 b, que incluyen rentas corrientes por COP 330,3 b, recursos de capital por COP 148,1 b y rentas parafiscales y fondos especiales por COP 24,3 b. Los ingresos tributarios administrados por el gobierno nacional se estiman en COP 315,9 b con un crecimiento anual de 15,2 % 2.

El proyecto de PGN se elaboró atendiendo los mandatos de la Constitución y la Ley, los preceptos del Estatuto Orgánico del Presupuesto, las prioridades de gasto definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo que garantizan el cumplimiento estricto de la regla fiscal en los próximos años.

Para 2024, el déficit del Gobierno Nacional Central se estima en 4,4 % del producto interno bruto (PIB), lo que asegura un superávit primario de 0,2 % del PIB que llevaría la deuda neta a un nivel equivalente a 56,9 % del PIB 3. Estas estimaciones se realizaron con una tasa de crecimiento económico para 2024 del 1,5 %, un precio del petróleo promedio de USD 74,5 por barril y una inflación anual de 5,7 %. Cabe recordar que varias de las partidas de gasto como el SGP, las pensiones, las vigencias futuras y las rentas con destinación específica, entre otras, tienen como soporte la Constitución y la Ley por lo que su inclusión en el proyecto resulta ineludible, lo cual genera inflexibilidad sobre la programación presupuestal y la orientación del gasto.

La evolución de las finanzas públicas en los últimos años tiene como antecedente la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, la cual tuvo un impacto negativo sobre los indicadores fiscales del Gobierno Nacional Central, cuyo déficit ascendió de 2,5 % del PIB en 2019 a 7,8 % del PIB en 2020 en tanto que su deuda neta, en el mismo periodo, aumentó de 48,4 % a 60,7 % del PIB.

Desde el año 2021, se han realizado esfuerzos para estabilizar las finanzas del Estado, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y recuperar el grado de inversión, que Colombia perdió en ese año. Inicialmente, la denominada Ley de Inversión Social, aprobada a finales del año 2021, ajustó los impuestos directos sobre las personas jurídicas y redefinió la regla fiscal estableciendo metas cuantitativas sobre el balance primario neto estructural, cuyo cumplimiento es verificado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Posteriormente, mediante la aprobación de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia Social a finales de 2022, el gobierno pudo establecer nuevas fuentes de recaudo.

Cabe destacar que los ingresos del gobierno nacional también se beneficiaron de la recuperación de la actividad económica en 2021 y 2022 y de los elevados precios internacionales del petróleo, que permitieron un flujo de recursos significativo de Ecopetrol al gobierno. Sin embargo, las cuentas gubernamentales desde 2021 también reflejan las presiones ocasionadas por el aumento de los intereses de la deuda y por la existencia de un subsidio sobre los precios de la gasolina y el ACPM que se traducen en un déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) que debe ser cubierto por el gobierno. En conjunto, el déficit fiscal en 2021 y 2022 tuvo una reducción moderada y la deuda neta del gobierno nacional descendió del 60,7 % del PIB en diciembre de 2020 a 57,9 % del PIB a finales de 2022.

Las finanzas públicas en 2023 continuarían su proceso de ajuste gracias al impacto favorable de las reformas impositivas, la generación de rentas extraordinarias provenientes de la actividad petrolera y la adopción de una política de precios de los combustibles dirigida a la reducción del déficit del FEPC. Al cierre de 2023, de acuerdo con las estimaciones oficiales, el déficit del gobierno se reduciría a 4,3 % del PIB y la deuda neta se ubicaría en 55,8 % del PIB. No obstante, es necesario resaltar el tamaño de los intereses de la deuda, que se mantendría en 4,3 % del PIB, y la expansión del gasto primario sin FEPC, cuyo nivel alcanzaría 17,6 % del PIB, debido a la ejecución de los programas del Plan Nacional de Desarrollo y al efecto de las reformas tributarias sobre el cálculo del SGP y de algunas rentas con destinación específica.

La materialización de los supuestos utilizados por el gobierno para la elaboración del proyecto de presupuesto garantizaría el cumplimiento estricto de la regla fiscal en 2024. No obstante, como lo sugiere el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, las proyecciones de ingresos y gastos que presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo no están exentas de riesgo, especialmente porque para el año 2024 los ingresos incluyen recursos adicionales por arbitramento de litigios por 0,9 % del PIB y rentas provenientes del control de la evasión por 0,8 % del PIB, que podrían ser inferiores a los estimativos del gobierno.

En cualquier caso, debe destacarse que el gobierno nacional ha manifestado su intención de cumplir rigurosamente las metas cuantitativas de la regla fiscal en 2024 y en los años siguientes. De allí se infiere que desviaciones en la proyección de ingresos serían corregidas oportunamente con ajustes en el gasto por parte del gobierno nacional, con lo cual se mantendría la credibilidad de la política fiscal y se aseguraría que la Nación transite hacia niveles de deuda sostenibles con el nivel ancla de 55 % del PIB establecido por la regla fiscal.


1 El componente de funcionamiento incluye transferencias por COP 237,6 b, de los cuales COP 70,5 b corresponden al Sistema General de Participaciones, COP 57,4 b a pensiones y COP 35,3 b a recursos para el aseguramiento en salud. El restante del gasto de funcionamiento ascendería a COP 72,7 b que corresponde en su mayoría al rubro de gastos de personal (COP 54,9 b) y adquisición de bienes y servicios (COP 13,7 b). Para atender los compromisos de deuda externa e interna se apropian COP 43,1 b y COP 51,4 b, respectivamente.

2 Por concepto del impuesto de renta se proyectan ingresos por COP 162,2 b con un crecimiento anual de 12 % y por IVA interno se estiman recaudos por COP 82 b que arrojan un crecimiento de 28,4 %. Los recursos de capital incluyen crédito interno por COP 46,3 b y crédito externo por COP 27,4 b. Dentro de este tipo de recursos también se contabilizan excedentes financieros y dividendos por COP 29,5 b, de los cuales COP 15,4 b provendrán de Ecopetrol y COP 9,7 b del Banco de la República.

3 Estas proyecciones del déficit fiscal, balance primario y deuda neta del Gobierno Nacional Central fueron actualizadas posteriormente a la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. En este último se proyectaba para 2024 un déficit total de 4,5 % del PIB, un balance primario equilibrado y un nivel de deuda neta a PIB del 57,1 %.