Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 1999
En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva del Banco de la República presenta a consideración del Honorable Congreso de la República, un informe al Congreso de la República en el cual da cuenta del comportamiento de la economía y de sus perspectivas. Este informe se presenta dos veces al año, en los meses de marzo y julio, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de inicio de las sesiones del Congreso.
Cumpliendo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva del Banco de la República presenta dos veces al año, un informe al Congreso de la República en el cual da cuenta del comportamiento de la economía y de sus perspectivas. Este informe se presenta dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de inicio de las sesiones del Congreso (en los meses de marzo y julio).
El presente Informe al Congreso de la República contiene una descripción de la política adelantada por el Emisor en los ámbitos monetario, crediticio y cambiario. Describe, también, los hechos que perturbaron estos mercados y las acciones adoptadas para enfrentarlos. Como es usual, se hace un análisis de la situación inflacionaria experimentada durante el primer semestre de 1998. Si bien los resultados en este frente al mes de junio no son satis-factorios, en las páginas que siguen se proveen los argumentos que permiten tener optimismo sobre la evolución de la inflación hacia el futuro y justifican mantener la meta de inflación de 16% para el presente año. Acto seguido, se presentan las consideraciones que han llevado al Emisor a defender la banda cambiaria a lo largo del año. Por último, se hace una evaluación general de la situación macroeconómica, en la cual se analiza la dinámica actual de la actividad económica y el empleo, y se enfatiza la necesidad de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas y de disminuir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El ordenamiento de las finanzas públicas debe estar encaminado no sólo a reducir el déficit del sector público no financiero, sino, además, a reorientar el gasto de este sector hacia fines con una alta rentabilidad económica y social de largo plazo. En este propósito es fundamental el concurso decidido del Congreso de la República.
