La administración de justicia es una función pública que debe ser
suministrada de manera eficiente y oportuna por el Estado. En Colombia su administración
corresponde a la Rama Judicial, la cual esta conformada por las jurisdicciones ordinarias,
Contencioso-Administrativa, Constitucional, especiales de los pueblos indígenas de paz, y
por la Fiscalía General de la Nación que también contribuyen a la prestación de
servicio público, Para los fines del trabajo todas estas entidades serán agrupadas en un
solo sector.
Las distintas jurisdicciones dependen de la naturaleza de los conflictos que puedan
suscitarse. Mientras que los litigios entre los particulares son resueltos por la
Jurisdicción ordinaria, las controversias entre el estado y los particulares y entre las
distintas entidades estatales son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
La Reforma Constitucional de 1991 introdujo cambios sustanciales en la organización de la
Rama Judicial. En particular, creó la jurisdicción y las especiales y además el Consejo
Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación que es el órgano encargado
de la investigación penal, antes desarrollada por la propia Rama a través de los jueces
de instrucción criminal. Estas reformas dieron lugar a una expansión del gasto Estatal
en Justicia y a una leve recuperación de los indicadores de rendimiento.
Desde hace varias décadas, la administración de justicia en Colombia se ha caracterizado
por la permanente congestión de los despachos judiciales, por el bajo rendimiento en el
trámite de los procesos, por la mala distribución geográfica de los recursos y por una
inadecuada planeación sectorial. Como resultado de esta situación, se ha generado un
ambiente de impunidad y de poca credibilidad en el sistema. Las reformas a los códigos de
procedimiento fueron el mecanismo de mayor utilización por parte de las autoridades para
solucionar la crisis hasta principios de los noventa.
En este trabajo se describe la evolución del gasto estatal en justicia y se analiza de
manera general el comportamiento reciente de los indicadores de desempeño sectorial
tomando en consideración las reformas institucionales de los últimos años y la mayor
asignación de recursos por parte del Gobierno.
Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta la información de gasto disponible en La
Contraloría General de la República, las estadísticas e laboradas por el Consejo
Nacional Penitenciario y carcelario INPEC. Así mismo, se revisó el inventario sobre el
rendimiento de la Justicia elaborado por el Instituto SER de investigaciones en 1993. Es
importante destacar que la producción de estadística sobre justicia presenta
dificultades debido a la periodicidad con la cual se elaboran y a la falta de homogeneidad
de las cifras.
El trabajo está dividido en seis secciones incluyendo esta introducción. En la segunda
se describe brevemente la organización del poder judicial a partir de la Reforma
Constitucional de 1991. En la tercera se analiza la evolución del gasto sectorial a nivel
agregado y por entidades. En la cuarta sección se describe la problemática del sector a
través del comportamiento de una serie de indicadores de rendimiento. En la quinta se
expone, de manera general, el nexo entre la situación penitenciaria y la administración
de justicia en el país. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.
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