La demanda presentada por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia el 5 de diciembre de 2001 representa un eslabón mas en la cadena de actos encaminados a desconocer nuestros justos títulos y soberanía sobre el archipiélago de San Andrés.

S e desconoce la Real Orden del 20 de noviembre de 1803 expedida por recomendación de la Junta de fortificaciones y defensa de Indias, en el sentido de hacer depender por razones de carácter militar y administrativo tanto la Costa de Mosquitos como las islas de San Andrés del Virreinato de Santafé, y no de la Capitanía General de Guatemala como estaba hasta entonces. Fue con base en los dos informes expedidos por dicha Junta, que el rey de España ordenó segregar de la antigua Capitanía General de Guatemala las islas de San Andrés y agregarlas al Virreinato de Santafé o Nueva Granada.

La Real Orden de 1803, como se deduce de sus términos, es una típica cédula de división territorial y no una simple "comisión privativa" con un carácter meramente administrativo o militar de carácter provisional, como lo sostiene Nicaragua. El rey ordenó perentoriamente que a partir de la fecha mencionada, la costa de Mosquitos y San Andrés se incorporen al territorio del Virreinato de la Nueva Granada y así comenzó a ejecutarse desde cuando fue notificada a las autoridades españolas competentes. El ejercicio de su autoridad solo estuvo interrumpida provisionalmente con ocasión de la invasión inglesa de 1806 a 1807.

No obstante, nunca la Real Orden de 1803 fue derogada, sino por el contrario confirmada mediante la Real Orden expedida en Aranjuez el 26 de mayo de 1805. Desde entonces el Virreinato de Santafé, la Nueva Granada y luego la actual República de Colombia, ha ejercido ininterrumpidamente actos de jurisdicción y soberanía sobre la antigua Costa de Mosquitos colombiana y nuestro Archipiélago de San Andrés. La Real Orden de 1803 es por lo tanto el título genuino que tiene Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. Los tratados suscritos posteriormente son apenas la confirmación de su validez y vigencia.

El 25 de marzo de 1825 se reconoció su vigencia cuando Colombia celebró con la Unión de la Provincias Unidas de Centro América (de la cual hacía parte Nicaragua), un Tratado de Unión, Liga y Confederación en el cual se acordaba que los limites entre las dos Naciones serían los que existía en ese momento. El tratado invocaba así el principio del uti possidetis juris de 1810, en el sentido de que las fronteras entre las provincias españolas pertenecientes a los antiguos virreinatos y capitanías se determinaba conforme a las reales órdenes o cédulas de división territorial existentes ese año. Este era el caso precisamente de la Real Orden de 1803, expedida con anterioridad a 1810. Por ello Nicaragua, como Estado sucesor de la Provincias Unidas Centroamericanas, quedó obligada a dar cumplimiento a dicha disposición conforme lo establece el derecho internacional.

Otro tanto puede decirse en relación con el Laudo arbitral sobre la frontera entre Colombia y Costa Rica proferido por el presidente de Fancia Emile Laubet el 11 de septiembre de 1900, en el que indudablemente se tuvo en cuenta la Real Orden de 1803 al declarar que, "las islas más distantes del continente entre la Costa de Mosquito y el istmo de Panamá, especialmente Mangle Chico, Mangle Grande, Alburqueque, San Andrés, Santa Catalina, Providencia, Escudo de Veraguas y cualquier otra isla, islote y bancos que antes dependías del Cantón de San Andrés" pertenecen sin excepción a los Estados Unidos de Colombia. "Nombre que tenía el país bajo la vigencia de la Constitución de 1886 y que además incluía Roncador, Quitasueño y Serrana, que dependían del Cantón de San Andrés".

No obstante, este acto regio, reconocido incluso internacionalmente, no impidió sin embargo que en 1839 Nicaragua otorgara permiso al rey de los Países Bajos en 1890 para construir un canal por el lago de Nicaragua y Bocas del Toro, perteneciente a la Nueva Granada, suscribir con Inglaterra en 1860 el tratado Wyse-Zeladon en que propiciaba la independencia de la Costa de Mosquitos y se comprometía a pagarle a su supuesto rey una renta anual de 50.000 dólares. Pero sobre invadir en 1890 las islas Mangles como parte que son d>?e nuestro Archipiélago, tampoco impidió que en 1913 las diera en arriendo por 99 años a los Estados Unidos de América en el Tratado Chamorro-Weitzel.

Este tratado nunca entró en vigencia y tampoco Nicaragua devolvió las islas Mangles a pesar de las reiteradas Notas de Protesta por parte de Colombia. En un acto de explicable generosidad, lo que era de hecho se convirtió en derecho, y estas islas fueron reconocidas como de Nicaragua en el Tratado Esguerra-Barcenas de 1928.

TRATADO ESGUERRA-BARCENAS

El 24 de marzo de 1928 Colombia y Nicaragua suscribieron, y luego ratificaron, el tratado sobre cuestiones territoriales (Esguerra-Bárcenas) en cuyo artículo primero Colombia reconoció la propiedad y soberanía de Nicaragua sobre las islas Mangle y la Costa Mosquitia desde el cabo Gracias a Dios y ahora hasta el río San Juan (como consecuencia de la segregación de Panamá) y Nicaragua reconoció a su vez la soberanía y propiedad de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del Archipiélago de San Andrés.

PRETENSIONES DE NICARAGUA

Pese a todo lo anterior, el 4 de febrero de 1980, la entonces Junta de reconstrucción de Nicaragua en un acto sin precedentes en la historia diplomática declaró unilateralmente la nulidad del Tratado sobre cuestiones territoriales (Esguerra-Bárcenas) suscrito con Colombia desde 1928, el cual había observado por casi medio siglo.

Aparte de su equivocada interpretación sobre la Real Orden de 1803, el gobierno de Nicaragua sostuvo la peregrina tesis del carácter secreto del Esguerra-Bárcenas y un supuesto vicio en el consentimiento, como consecuencia de la invasión de su territorio por parte de los Estados Unidos de América. La respuesta de Colombia quedó consignada en su "Libro Blanco ", al cual me remito.

Sin embargo, cabe insistir en que difícilmente puede hablarse de un tratado "secreto", cuando fue ampliamente debatido en el Congreso nicaragüense, y en su discusión participaron la prensa y todos lo partidos políticos. Al punto de que la sugerencia del límite marítimo del meridiano 82 de Greenwich que se consignó en el Acta de Canje de 1930, salió de la comisión especial de Relaciones Exteriores del Parlamento de ese país.

La nulidad del tratado de 1928, insinuada nuevamente por Nicaragua en su demanda ante la Corte Internacional, coloca a ese país a espaldas del derecho internacional y viola la norma Pacta sunt servanda, o cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales adquiridos, la prohibición de dar por terminado un tratado después de haberle observado por cierto tiempo (estoppel) y la costumbre y doctrina internacional que prohiben la terminación de un tratado de limites, que por su naturaleza es de duración indefinida.

Al desconocimiento de la Real Orden de 1803 y el mismo tratado Esguerra-Bárcenas, se agrega la cadena de protestas que ha tenido que sentar Colombia por la inclusión del Archipiélago de San Andrés y Providencia en mapas oficiales de Nicaragua y el apresamiento de embarcaciones colombianas en aguas sujetas a nuestra jurisdicción. Sin mencionar claro está, las recientes licitaciones internacionales abiertas por Nicaragua para otorgar contratos de exploración y explotación petrolera en zonas pertenecientes a Colombia en el mar Caribe, y que ciertamente plantea la necesidad de solicitar las medias de protección pertinentes